Viernes 16 Mar 2018 | 11:06 am
Mons. Lugones y el cuidado de la casa común (Eclesia)
Lomas de Zamora (Buenos Aires) (AICA): En relación con la intención del Gobierno de modificar la Ley 26.639 sobre Glaciares, el obispo de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones SJ, expresó su preocupación y pidió “que se visibilice este tema” y saber “cómo se va a debatir”.
En relación con la intención del Gobierno de modificar la Ley 26.639 sobre Glaciares, el obispo de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones SJ, expresó su preocupación y pidió “que se visibilice este tema” y saber “cómo se va a debatir”.
“Queremos que se visibilice este tema, porque a veces se ponen en la agenda pública o en la agenda legislativa otros temas para desviar conflictos sociales, que son muy urgentes, como la desocupación, las suspensiones, las economías regionales, las inundaciones en el NEA y NOA, la emergencia agropecuaria”, manifestó el obispo en declaraciones a Radio Nacional Córdoba.
De este modo, amplió los términos de la carta de la Comisión Episcopal de Pastoral Social enviada hace pocos días al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y pidió “que públicamente nos digan cómo se va a debatir el tema y no salga después una reforma entre gallos y medianoche”.
Además de señalar que la Ley de Glaciares “prevé un inventario de glaciares y no se ha hecho ni un 10%” de relevamiento, monseñor Lugones advirtió sobre el “pasivo ambiental” del que habla el papa Francisco en Laudato si’, que provoca el desembarco de las mineras y luego queda un “pasivo social”, donde “toda la gente que al principio estaba trabajando en la minera, después éstas se van y se quedan sin trabajo”.
“Nos llama la atención que en un tema de tamaña incidencia desde el punto de vista ambiental y social, no se mencionen los necesarios estudios y aprobación previas, por parte de las instituciones encargadas de velar por el adecuado manejo del ambiente del estado nacional, ni de organizaciones de la Sociedad Civil que han trabajado muchos años sobre temas ambientales, que merecerían también ser escuchadas y sus opiniones tenidas en cuenta”, subraya uno de los párrafos de la carta.
Con todo, culmina la misiva, “sería imprescindible un adecuado proceso de diálogo y consulta previa, con la mayor cantidad de actores, de manera de llegar a consensos superadores, antes de promover iniciativas que podrían perjudicar no solo al ambiente sino a nuestras comunidades cordilleranas”.+
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