El Gobierno prepara un aumento de al menos 7% para las cuotas de las empresas de medicina privada y el desembolso de un subsidio de 11.400 millones de pesos destinado a las obras sociales sindicales para compensar el aumento de los costos de los tratamientos por discapacidad. Desde el Foro Permanente Para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunciamos que solo la mitad de ese dinero se utilizará para atender las necesidades de los afiliados con discapacidad. Por otro lado, se desconoce el destino del resto del subsidio. 
Que solo la mitad del fondo sea destinado a quienes de verdad lo necesitan se hará con el aval de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En este contexto, las más de mil instituciones que dan servicio a las personas con discapacidad, junto a miles de profesionales y transportistas, vienen sufriendo una atraso arancelario que se incrementa desde 2017 hasta alcanzar, a la fecha, un promedio del 70 %.
En todo el 2020 sólo se otorgó un 10 % de aumento y recién a partir de diciembre, con paritarias que alcanzaron el 36 % e inflación similar, resulta insuficiente y continúa desfinanciando el sistema.
Para este año ANDIS Y el Ministerio de Salud, aprobaron un incremento escalonado del 34 % (abril 21 %; julio 9%; octubre 4%). Todo esto bajo el compromiso de la Secretaría de Presidencia de gestionar un subsidio de 11.400 millones para las obras sociales.
Los 11.400 millones representan el 40 % de lo que utilizó la SSSalud para cubrir las prestaciones de todo 2020 con lo que, si el destino de ese subsidio fuera realmente compensar el incremento de estas prestaciones, se les debería haber otorgado un incremento del 40 % desde el mes de enero.
El 46 % (5.289,99 millones) se destinará a otros fines.
Mientras los gremios continúan con la utilización de las personas con discapacidad para hacerse de fondos, el Director Ejecutivo de la ANDIS coloca la sustentabilidad de los organismos financiadores por encima de las personas con discapacidad.
Estas medidas no hacen más que acrecentar la crisis en discapacidad. Y las respuestas por parte del Estado y Gobierno continúan siendo insuficientes.
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